TIERRAS FISCALES: EL FISCAL AMAD APELÓ Y BUSCA INCLUIR LAVADO DE ACTIVOS EN LA CAUSA CONTRA CAPITANICH
El fiscal general de Sáenz Peña presentó el recurso ante la Cámara Federal, cuestionando la decisión de juez federal Fernando Carbajal en la causa por presunta corrupción en la adjudicación de tierras del Estado chaqueño.
El fiscal general Carlos Amad apeló la resolución que excluía el delito de lavado de activos de la causa por Tierras Fiscales, en la que se encuentra procesado el exgobernador Jorge Capitanich, la exministra Marta Soneira y otros exfuncionarios y empresarios.
El recurso es contra la resolución emitida el pasado 16 de julio de 2026 por el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, en la que se definía la situación procesal de varios implicados en una causa que investiga presuntos delitos de defraudación, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La molestia del Ministerio Público Fiscal radica en que el juez de la causa desestimó la figura del lavado de activos agravado, al considerar que no se logró demostrar la existencia de maniobras que permitieran "blanquear" fondos de origen ilícito en el mercado formal.
Para el fiscal Amad, la resolución judicial no valoró correctamente la evidencia ni la lógica de la maniobra delictiva. Según la acusación, el fraude no se agota en la obtención irregular de tierras fiscales (las cuales fueron otorgadas a precios irrisorios y violando normativas ambientales), sino que ese es solo el punto de partida.
Amad sostiene que el "lavado" consiste en un proceso en varias etapas: la adquisición ilegal, donde "primero se obtiene un bien en forma ilegal o irregular", para luego introducirlo "en el torrente comercial para lo que se dice licuarlo, mezclarlo con otros ingresos si obetinos legalemente o bien adquirir un bien e incorporarlo al patrimonio y así parecer que fue obtenido en forma legal".
El fiscal subraya la estrecha relación entre los empresarios beneficiados (Mauricio Cian, pareja de la exministra Soneira, junto a Storti, Bessone y Pochón) y los funcionarios, señalando que las empresas de este grupo registraron un crecimiento patrimonial exponencial justo después de ser adjudicadas con tierras y beneficios industriales, tales como exenciones impositivas y bonificaciones energéticas.
Un punto central en la apelación es la sospecha sobre el crecimiento patrimonial de Pampa Agro. El fiscal detalla cómo la empresa, tras obtener tierras fiscales de manera irregular, logró resultados contables extraordinarios. En particular, señala que al solicitar beneficios de promoción industrial, la firma presentó estados contables que reflejaban un activo corriente de más de $ 177 millones, a pesar de que poco tiempo antes no podía garantizar respaldo patrimonial para sus proyectos. Esta inconsistencia, sumada al repentino aumento de créditos por ventas que luego desaparecieron de las declaraciones juradas, sugiere, según Amad, que los números fueron acomodados arbitrariamente para justificar el ingreso de fondos y ocultar el origen ilícito de sus ganancias, todo bajo el amparo de beneficios estatales obtenidos mediante el favoritismo político.
El fiscal apunta que tanto Capitanich como Soneira "son partícipes necesarios en tanto que son ellos quienes a partir de la adjudicación de las tierras les dan las herramientas a los demas consortes de causa y así seguir adelante con la maniobra delictiva".
"Su participación en el suceso es necesaria para que los coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos, los señores Cian, Stori, Pochon y Bessone pudieran llevar adelante su plan delictivo común y adquirir ganancias espurias de la adjudicación de las Tierras Provinciales, para luego trabajarlas e introducir las ganancias al comercio formal y de ese modo perpetrar el delito", explicó.
Con esta apelación, la fiscalía busca que la Cámara Federal revierta la decisión inicial y procese a los imputados también por el delito de lavado de activos agravado, considerando que existen pruebas suficientes sobre la existencia de un plan delictivo común destinado al lucro personal a costa del patrimonio público.
D.CH
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