RUTAS NACIONALES: NACIÓN HABILITÓ A NUEVE PROVINCIAS A GESTIONAR Y LICITAR TRAMOS
Chaco no se encuentra entre las provincias alcanzadas por la normativa que fue oficializada este viernes, a través de su publicación en el Boletín Oficial. Algunas de las jurisdicciones habilitadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a asumir la gestión, licitación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, mediante un esquema que contempla la posibilidad de concesiones de obra pública con participación de empresas privadas, mixtas o entes estatales.
Entre las jurisdicciones habilitadas, no se encuentra Chaco, aunque sí está la vecina provincia de Corrientes. También fueron autorizadas para iniciar estos procesos son Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. En todos los casos, la implementación deberá realizarse a través de convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos alcanzados y las obras previstas.
Según la normativa oficial, el objetivo del esquema es descentralizar parte de las funciones operativas vinculadas a la infraestructura vial, lo que permitirá una administración más directa por parte de los gobiernos provinciales.
La normativa fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Allí se detalla que la delegación de facultades tendrá carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".
El texto también aclara que la medida no implica la transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción federal sobre las rutas nacionales. En ese sentido, se especifica que "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".
Además, el decreto fija un plazo máximo para los contratos de gestión, que no podrá superar los 30 años desde su aprobación. Las provincias deberán garantizar en los procesos licitatorios principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos.
Por último, la normativa establece que, en caso de que una provincia no convoque a licitación dentro del plazo de un año tras la firma del convenio, la delegación sobre el tramo vial en cuestión quedará sin efecto.
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