LA JUSTICIA Y LA MIRADA DE GÉNERO
En casi una década, poco más de la mitad de los homicidios de mujeres cometidos con violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires que lograron llegar a una sentencia condenatoria fueron reconocidos judicialmente como femicidios. El dato, revelado en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vuelve a exponer la persistencia de esta modalidad extrema de violencia y las dificultades para que el sistema judicial la nombre y sancione como tal.
La séptima edición del informe de seguimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) analizó todo el periodo comprendido entre 2015 y 2024. Ese recorte temporal es central: permite observar cómo evolucionó la respuesta penal porteña desde la incorporación del femicidio como figura agravada y cómo esa figura se aplica --o se omite-- en los casos en los que aparecen indicadores claros de violencia de género. Según el documento, “el 53% de los homicidios de mujeres en que se observaron elementos de violencia de género que alcanzaron sentencia condenatoria fueron calificados como femicidios”.
El informe registró 192 causas con 199 asesinatos de mujeres investigados entre 2015 y 2024. De ellos, el 62% fue clasificado como femicidio.
El año con mayor cantidad de femicidios en la Ciudad fue 2020, en plena cuarentena. Las restricciones de circulación profundizaron el aislamiento de las víctimas, que en muchos casos quedaron encerradas con sus agresores sin posibilidad de pedir ayuda o de escapar.
Hasta julio de 2025 --última actualización disponible en el portal Fiscales-- se habían dictado 96 fallos condenatorios y otros 10 absolutorios en causas por homicidios de mujeres. Ese universo permite examinar también cómo funciona la maquinaria judicial: entre el hecho letal y la elevación a juicio transcurren, en promedio, nueve meses. Si se suma el desarrollo del debate oral, el plazo asciende a unos 26 meses. Sin embargo, la mayoría de las sentencias no queda firme en esa instancia: el 84% fue recurrida ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que estira la duración de los expedientes. Según el informe, los procesos que agotaron todas las vías, incluidos los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, tardaron en promedio siete años.
En las 96 sentencias condenatorias analizadas se impusieron penas a 105 personas. El 63% recibió prisión perpetua, la sanción prevista cuando se aplica el agravante por femicidio: cuando la justicia reconoce el crimen como parte de un continuum de violencia patriarcal, la respuesta penal se vuelve más contundente.
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