PROCESARON A LA CONTADORA STRADA POR EL PRESUNTO FRAUDE DE LAS JUBILACIONES TRUCHAS DETECTADO POR ANSES
La Justicia Federal de Resistencia dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de la contadora Mercedes Alicia Estrada en una causa en la que se investigan presuntas maniobras de defraudación contra la Administración Pública mediante la obtención irregular de beneficios previsionales.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2, con la firma del juez Ricardo Mianovich, que consideró reunidos los elementos de prueba suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, que existió un mecanismo basado en la presentación de declaraciones juradas laborales extemporáneas y presuntamente falsas para acceder de manera indebida a jubilaciones y otros beneficios previsionales.
Según surge de la resolución judicial, la investigación permitió reconstruir una operatoria que habría consistido en declarar relaciones laborales inexistentes ante los organismos competentes con el objetivo de cumplir artificialmente los requisitos necesarios para acceder a prestaciones previsionales financiadas por el Estado nacional.
El magistrado fundamentó el procesamiento en un importante volumen de evidencia incorporada al expediente, entre la que se encuentran informes técnicos, verificaciones administrativas, declaraciones de empleadores y trabajadores, documentación secuestrada durante allanamientos y pericias informáticas realizadas durante la instrucción.
La causa tuvo su origen en un trabajo de detección y control desarrollado por la Oficina Regional de ANSES, cuyo titular Alfredo Rodríguez, junto a equipos técnicos advirtieron inconsistencias en distintos expedientes previsionales e impulsaron las verificaciones correspondientes. A partir de esas actuaciones administrativas se inició la investigación judicial que derivó en la causa actualmente en trámite. Rodríguez acompañó los distintos procedimientos ordenados por la Justicia, entre ellos allanamientos vinculados con la recolección de pruebas para esclarecer las maniobras investigadas.
De acuerdo con la resolución judicial, el perjuicio económico que se investiga asciende preliminarmente a varias decenas de millones de pesos. En ese contexto, el juez ordenó además trabar un embargo sobre bienes de la imputada hasta cubrir la suma de 25 millones de pesos, como medida destinada a resguardar un eventual recupero patrimonial.
Desde ANSES destacaron que este avance judicial refleja la importancia de los mecanismos internos de control implementados para detectar irregularidades, proteger los recursos del sistema previsional y evitar que fondos destinados a jubilados y beneficiarios legítimos sean desviados mediante maniobras fraudulentas.
El procesamiento constituye una resolución propia de la etapa de instrucción y no implica una condena. La decisión judicial significa que, a criterio del magistrado, existen elementos suficientes para que la investigación continúe hacia las siguientes etapas del proceso penal, donde se determinarán las responsabilidades definitivas conforme al desarrollo de la causa.
D.N
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