ARRANCA EN COMISIONES EL TRATAMIENTO DE LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD
El Gobierno quiere que se debate en comisiones hoy y llevarla al recinto el jueves.
El Gobierno prevé tratar hoy en comisiones y mañana en la Cámara de Diputados su proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad de 16 a 14 años. Ayer dio marcha atrás, al parecer por el rechazo de sus propios aliados del PRO y la UCR, con un nuevo dictamen que había presentado el lunes, por el que bajaba aún más, hasta 13 años, el límite para encarcelar niños y adolescentes.
El historial de intentos de sancionar leyes regresivas en materia penal juvenil, un clásico de la derecha autóctona, tendrá a partir de mañana un nuevo capítulo, en dos comisiones que presiden los libertarios: Familias, Niñez y Juventudes, que encabeza la salteña María Gabriela Flores, a partir de las 10; Justicia, que quedaría en manos del mendocino Álvaro Martínez, a las 11.
El dictamen impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que logró dictamen de comisión el año pasado y que el oficialismo confía en poder aprobar esta semana, tiene como punto central la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Esa modificación es rechazada tanto por especialistas como por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica y Unicef. Hasta la dictadura militar la implementó en 1976 y después dio marcha atrás sobre sus pasos.
El proyecto -que aún ayer se seguía reescribiendo y negociando en distintos despachos- tiene otros dos aspectos importantes: el detalle de las partidas presupuestarias que permitan implementar la nueva normativa y la baja de la pena máxima para menores en casos de delitos graves de veinte a quince años.
El proyecto incorporaría un cambio pedido por la oposición –que de hecho estuvo en el que se presentó y retiró horas después– para que se detalle el origen de los fondos necesarios, que se estiman en 23.739 millones de pesos, en partidas que se distribuirían entre el Ministerio de Justicia (3.131 millones) y la Defensoría General de la Nación (20.607 millones). El texto también habilitaría la posibilidad de acuerdos entre el Gobierno Nacional y las provincias para el envío de partidas específicas, destinadas a la construcción de nuevas instalaciones institucionales.
La iniciativa del gobierno de Javier Milei establecería penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto. Contempla una pena máxima de quince años de prisión para los delitos más graves, como homicidios, secuestros, abusos sexuales o robos violentos, abusos sexuales o secuestro. Para los menores de hasta quince años imputados en tales casos los jueces tendrían la potestad de dictar privaciones de la libertad, aunque en teoría deberán priorizar la reinserción social.
Para delitos menores las sanciones previstas incluyen tareas comunitarias y obligación de reparar el daño causado, con la institucionalización como último recurso. Propone también la creación de institutos especiales donde menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
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